ACCESO A LA INFORMACIóN

Autor: José Woldenberg Fuente: Reforma

Primero algunos datos: luego de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, del 12 de junio de 2003 al 17 de agosto de 2006 se recibieron 148 mil 677 solicitudes de información; 128 diarias en promedio. El 90 por ciento de las respuestas fueron para otorgar la información a los solicitantes y en promedio el tiempo de entrega fue de 11 días hábiles. El IFAI había recibido 6 mil 874 recursos de revisión, porque el peticionario no obtuvo una respuesta satisfactoria (4.6 por ciento del total). El 74 por ciento de los recursos que proceden y resuelve el IFAI son a favor del solicitante. El acceso a la información pública no es sólo un buen deseo sino una realidad que se empieza a asentar.

Estamos ante una rutina institucional que se abre paso -no sin problemas- pero cuya mecánica difícilmente puede ser frenada. Y ello porque las relaciones en la materia entre funcionarios y ciudadanos, entre obligación y discrecionalidad, entre opacidad y transparencia, ha sido trastocada de manera fundamental. Mientras antes del año 2003 la información pública era realmente privada y manejada discrecionalmente, a partir de ese año es pública y los funcionarios deben ofrecer buenas razones para que la información que manejan, generan, producen y/o administran, pueda considerarse reservada.

Vivimos así una espiral expansiva que difícilmente podrá ser frenada, menos si franjas significativas de ciudadanos se apropian y ejercen ese, su derecho. Expresión de esa dinámica expansiva son las 28 leyes de acceso a la información que se han aprobado en ese mismo número de estados de la República. Aunque no deja de llamar la atención que cuatro entidades aún no cuenten con leyes capaces de garantizar ese derecho. Se trata no solamente de una deuda que las autoridades de esos estados tienen con sus respectivos ciudadanos (lo cual sería un déficit suficientemente vergonzoso), sino de un rezago que coloca a los gobiernos y congresos de esas entidades en una situación excéntrica en relación a los vientos que soplan en el país. Se trata de Chiapas, Hidalgo, Oaxaca y Tabasco, donde aún no se cuenta con normas que inyecten transparencia a la gestión pública.

Las rutinas burocráticas tienden de manera "natural" a desplegarse en una cierta opacidad, no está en su naturaleza la transparencia. Por ello es necesario contar con leyes e instituciones que garanticen el acceso a la información y por ello es tan relevante que los ciudadanos las hagan suyas y la demanden. Se trata de asentar rutinas que en su despliegue acaben por construir la conciencia de que "lo público es público".

Como lo han escrito Ricardo Becerra y Alonso Lujambio, la transparencia además es un mecanismo singular para incidir en el siempre pertinente tema del control del poder. Valorando el alto significado que tiene en los diseños constitucionales la división de poderes como fórmula de control y equilibrio, dicen: "el acceso a la información a partir de solicitudes formuladas directamente por el ciudadano, sin mediación institucional alguna, configura una forma de control directo (no mediado) del gobernado sobre el gobernante. Es por ello que las leyes de transparencia han venido a transformar, silenciosamente, el modo en que se ejerce democráticamente el poder".

Y ese nuevo control, al mismo tiempo que tiende a reducir la arbitrariedad de los poderes públicos, debe servir también para dotar a los ciudadanos de los insumos informativos suficientes que les permitan gestionar sus intereses, para elevar la calidad del debate público, para que los medios de difusión recreen información cierta y (eventualmente) dejen en un segundo plano la especulación, en fin, para que en el espacio público los diagnósticos y las propuestas tengan bases serias y ciertas.

El acceso a la información es uno de esos campos que concita amplios consensos. O si se quiere ser más pesimista: que impiden a sus adversarios manifestarse públicamente como tales. Porque ¿quién se atrevería a salir a defender el secreto en el manejo de la información pública?, ¿quién postularía que el ciudadano común no debe tener acceso a los datos, los proyectos, las resoluciones, que manejan las muy diferentes instituciones? Se trata pues de instrumentos legitimados.

Creo, siguiendo el artículo antes citado, que un momento plástico como el que vivimos, en el que parece existir una amplia convergencia, debe ser aprovechado para "garantizar su desarrollo firme, compartido y coherente", para "ponerla a salvo de los ciclos pendulares de 'freno y arranque', de apertura y cerrazón". Y comparto la idea de que "constitucionalizar" ese derecho sería una buena opción.

Ello para salirle al paso al archipiélago de legislaciones que regulan el acceso a la información pública. Porque las leyes locales son profundamente desiguales tanto en sus alcances, como en los requisitos que se les imponen a los solicitantes, como en las características, facultades, grados de autonomía y funcionamiento de los órganos encargados de hacer cumplir la transparencia.

Pero además, la "constitucionalización" serviría para fortalecer lo hasta ahora logrado y blindarlo de eventuales operaciones contrarias a la transparencia. No se trata, como bien dicen Becerra y Lujambio, de decretar "una homogeneidad forzada, pero sí un piso mínimo exigible para cualquier gobierno de la compleja democracia mexicana".

Y un buen punto de partida puede ser el que expresaron los gobernadores de tres estados que además, significativamente, son de partidos políticos distintos: Amalia García, Armando Reynoso y José Reyes Baeza. Si ello prosperara se estaría dando un nuevo paso en el sentido correcto.


http://www.reforma.com/editoriales/nacional/682495/default.shtm
 
 
 
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